aminstía para ex-vicepresidente DAHIK.
EL GRUPO NACIONAL DE LA DEUDA RECHAZA LA SOLICITUD DE AMNISTÍA PARA EL
EX-VICEPRESIDENTE ALBERTO DAHIK
Hoy más que nunca:¡Prohibido olvidar!
Los movimientos, organizaciones sociales y personas que integramos el
Grupo
Nacional de la Deuda, expresamos nuestra profunda preocupación y
contrariedad por el inexplicable pedido de amnistía para el
ex-vicepresidente Alberto Dahik Garzozi, prófugo de la justicia, por
parte
del presidente Rafael Correa Delgado, durante su informe anual a la
nación,
el 10 de agosto del 2010, Es de conocimiento
público que Alberto Dahik, ex vicepresidente del gobierno de Sixto
Durán-Ballén, se fugó del país el 12 de octubre de 1995. El, siendo
vicepresidente de la República, enfrentaba una orden de prisión tras ser
acusado de peculado y enriquecimiento ilícito en el manejo de los fondos
reservados, emitida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
También es de conocimiento de la sociedad que esta acción judicial se
produjo porque el ex vice presidente Dahik confesó públicamente haber
entregado dinero de los fondos reservados del estado para fines ajenos
a la
seguridad nacional, como fue el pago a varios legisladores para la
aprobación de algunas leyes e incluso para alentar la privatización de
la
empresa telefónica. Además, existen pruebas de varias cuentas secretas
de
fondos reservados en bancos privados y no en el Banco Central como
mandaba
la ley; cuentas que, adicionalmente, eran manejadas ilegalmente por los
asesores o funcionarios de la Vicepresidencia de la República de ese
entonces. Igualmente hay una larga lista de cheques girados
arbitrariamente
a favor de personas naturales y/o jurídicas. Pero
también consta que destacados periodistas y el pueblo ecuatoriano,
liderado
por los movimientos y organizaciones sociales, denunciaron en su momento
este acto de corrupción. Incluso tenemos que recordar que se constituyó
una
agrupación -el Movimiento Ciudadano Manos Limpias- para impulsar desde
la
sociedad civil la investigación y sanción de estos delitos.
Alberto Dahik fue, además, el cerebro y principal ejecutor de las
políticas neoliberales impuestas por el FMI en el marco del Consenso de
Washington. Su accionar fue definitorio para la aplicación de varias
leyes
nefastas para el interés de la colectividad, incluso recurriendo a
prácticas
corruptas, como él mismo reconoció públicamente. Cabe mencionar en
especial
la Ley de Modernización (1993), orientada a impulsar la privatización
de las
empresas y servicios públicos, y la Ley General de Instituciones del
Sistema
Financiero (1994), que abrió las puertas al atraco bancario y a la grave
crisis económica de 1999 y 2000. ¿Serán acaso estos méritos para el
perdón y
olvido? Por otra parte, Alberto Dahik participó activamente en
calidad de vicepresidente de la República en las renegociaciones de la
deuda
externa, que fueron perjudiciales al país. Vale aquí resaltar la
renuncia al
derecho de prescripción de la deuda comercial en diciembre de 1992 y la
renuncia en 1993 a recomprar dicha deuda al valor de mercado, en ese
momento
a 24% de su valor nominal; con estas operaciones se actualizó y volvió
exigible una deuda inexistente, cuyo monto superaba los 6.000 millones
de
dólares. Por igual recordemos la conversión de todo el monto de la deuda
pública comercial a Bonos Brady, en 1995, en condiciones contrarias al
interés nacional. De esta manera se favoreció a los acreedores y se
postró,
una vez más, al pueblo ecuatoriano en la pobreza crónica. Ya lo dijo el
ciudadano Rafael Correa, antes de ser presidente de la República,
refiriéndose a dichos arreglos de la deuda, se actuó “todo en función
de los
acreedores”. ¿Las evidencias sacadas a luz por la Comisión para la
Auditoria
Integral del Crédito Público, constituida por el gobierno del presidente
Correa en cumplimiento de las exigencias de transparencia y justicia de
la
sociedad ecuatoriana, no son pruebas suficientes? En este caso
se sintetiza lo ilícito y lo incorrecto. El caso Dahik representa un
claro
abuso del poder público, destinado a provocar una serie de
transformaciones
para reorganizar la sociedad y la economía en función de objetivos
aperturistas y liberalizadores a ultranza, útiles a los intereses de
reducidos grupos dominantes y transnacionales. Abuso que habría
favorecido
también a los allegados políticos, tanto como a amistades y familiares
del
ex vicepresidente. El pueblo no ha dejado de luchar en contra
del abuso del poder, la corrupción y la impunidad. Para superar tanta
arbitrariedad, en el año 2006, el pueblo ecuatoriano apoyó
mayoritariamente
los planteamientos programáticos de la candidatura de Rafael Correa, en
cuya
agenda consta, como uno de sus cinco ejes fundamentales: La Revolución
Ética: Lucha frontal contra la corrupción. Con el derecho que
nos otorgamos los habitantes de este país, al aprobar mayoritariamente
la
actual Constitución, exigimos a la Asamblea Nacional denegar el pedido
de
amnistía a favor del ex vicepresidente Alberto Dahik. Convocamos a
todas las
organizaciones sociales y a la sociedad en general a no dar un paso
atrás en
la lucha contra la corrupción. Y esperamos rectificaciones profundas por
parte del gobierno nacional, que está en mora en la lucha emprendida
por la
sociedad en contra de la corrupción, en tanto no ha alentado el
esclarecimiento y menos aún la sanción de varias denuncias de hechos
corruptos que se habrían cometido durante su gestión.
Firman, Grupo Nacional de Deuda, Jubileo 2000 - Red Guayaquil,
Acción Ecológica, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES),
Consejo
Latinoamericano de Iglesias (CLAI), Observatorio Ciudadano de Servicios
Públicos, Alberto Acosta, Hugo Jácome, Alejandro Olmos Gaona, Hugo
Arias,
Piedad Mancero, Aurora Donoso, Franklin Canelos, Ricardo Ulcuango, Edgar
Isch, Delfa Mantilla, Jorge Corral, Eliana Franco, Beatriz Reyes, Mary
García, Luis Corral Fierro, Nancy Burneo. Se adhieren,
Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Plataforma
Interamericana de
Derechos Humanos Democracia y desarrollo -Ecuador-, Asamblea Nacional de
Mujeres Populares Diversas del Ecuador, FIAN Ecuador, Coordinadora
Zonal de
Intag, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos - INREDH –
FIDH,
Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), Unión Nacional de
Educadores (UNE), Afectados por la Presa Daule Peripa, Federación de
Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), Frente Popular
(UGTE,
FEUE, UNE, JRE, FESE, FEUNASSC, UCAE, CUCOMITAE, UNAPE , CONFEMEC);
Byron
Real, Luis Robalino Fernández, Ricardo Buitrón, María Antonieta Ugarte,
Tania Roura, Fanny Machuca, David Cordero Heredia, María Cristina
Espinosa,
Marlom Cabrera, Jefferson Campos Tufiño, Herlinda Alcivar, Alfredo Chum,
Wilmer Romero Rodríguez, Marlom Cabrera, Galo Mindiola, Pablo Dávalos,
Paúl
Velasquez, Sandra Gallardo, Cristina Redroban, Víctor Coronel, Pedro
Saltos,
Oscar Morán, Andrea Becerra, Rocio Bastidas Granizo
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